Lo que estaba previsto como un panel de poco más de una hora terminó convirtiéndose en un diálogo de casi tres.
 

Por: Santiago Peña Aranza 

“Migración con derechos: participación e incidencia de migrantes y retornados en la política pública” fue el nombre del panel que organizó el Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une el pasado martes 2 de septiembre de 2025, como evento paralelo en el marco de la XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD). El encuentro tuvo lugar en el Salón Cuadrado II de la Biblioteca Héctor Salah y reunió a delegados de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, junto con autoridades locales y nacionales.

Aunque estaba programado para iniciar a las 2:30 p. m. y extenderse por poco más de una hora, el panel se prolongó hasta casi tres horas. Este tiempo adicional se convirtió en un beneficio para los asistentes, quienes pudieron escuchar con mayor profundidad a los panelistas y participar activamente con preguntas y reflexiones.

La moderación estuvo a cargo de Santiago Peña Aranza, asesor de Colombia Nos Une. Las palabras de apertura fueron ofrecidas por Jaime Martínez García, coordinador del Grupo Interno, quien además permaneció en el espacio aportando ideas y respuestas a las inquietudes del público. 

En la mesa participaron: Nathalie Esther Molina Guerrero (retornada, Región Caribe), Roque Félix Díaz Borges (migrante, Región Andina), Yarima Merchán Rojas (colombiana en el exterior, Centroamérica), los (as) tres delegados de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones; y Jairo Alfonso Aguilar Deluque, gobernador de La Guajira.

Desde el inicio, el panel se planteó como un espacio para visibilizar experiencias y desafíos de migrantes y retornados, así como para destacar buenas prácticas en torno al retorno digno, la regularización migratoria y la articulación de estas comunidades con la política pública. El objetivo general fue resaltar cómo Colombia avanza en la construcción de una migración segura, ordenada y regular, enmarcada en un enfoque de derechos; sin ignorar las dificultades que aún persisten.

Las intervenciones de los delegados de la Mesa Nacional reflejaron la diversidad de realidades que viven los distintos grupos poblacionales. Nathalie Esther Molina enfatizó que la principal dificultad para las personas retornadas es la falta de visibilización. Por su parte, Roque Félix Díaz señaló la ausencia de mecanismos suficientes de regularización, afirmando que “el migrante regular es quien dinamiza la economía” y alertó sobre los riesgos de exclusión que enfrentan los migrantes en situación irregular.

A su turno, Yarima Merchán Rojas subrayó el problema del subregistro de los colombianos en el exterior, destacando que “no se sabe cuántos somos” y recordando que no es lo mismo migrar a un territorio que a otro. La delegada hizo hincapié en la necesidad de reglamentar la Ley 2136 de 2021, pues “las leyes bonitas se quedan en el papel” si no se convierten en realidades efectivas.

Desde la perspectiva territorial, el gobernador de La Guajira, Jairo Alfonso Aguilar, señaló la urgencia de contar con un Centro de Atención Fronteriza en su departamento y llamó la atención sobre la necesidad de priorizar la vida antes que los negocios. También insistió en que la atención a migrantes debe considerar no solo la cantidad de personas en un territorio, sino la proporción respecto a la población local.

El panel abordó además la preparación para la primera reunión del Sistema Nacional de Migraciones, prevista próximamente. Mientras Nathalie Molina indicó que los (as) delegados (as) de la Mesa Nacional ya trabajan en un informe con propuestas, sugerencias y recomendaciones para llevar a este espacio, Yarima Merchán devolvió la pregunta, cuestionando: “¿Cómo se está preparando el Estado?”, ya que a la fecha aún no hay claridad sobre cómo funcionará este sistema y cuándo se convocará su primera reunión.

En la reflexión final, los panelistas coincidieron en que la incidencia real de migrantes y retornados en la formulación de políticas solo es posible con trabajo articulado y compromiso genuino tanto de las comunidades como de las instituciones. La participación, concluyeron, no debe verse como un derecho que se garantiza “por cumplir”, sino como la base de una gobernanza migratoria inclusiva y efectiva.