Introducción

El martes 9 de diciembre de 2025 se llevó a cabo, por primera vez desde su creación, una reunión del Sistema Nacional de Migraciones, instancia establecida hace catorce años por la Ley 1465 de 2011. Este hito marcó un avance significativo en la implementación del marco institucional de la política migratoria en Colombia.

La misma Ley 1465 creó la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, concebida inicialmente como un espacio de participación para los colombianos en el exterior. Posteriormente, la Ley 2136 de 2021 amplió su alcance al incorporar en este mecanismo de participación a los colombianos retornados y a los migrantes regulares en Colombia, fortaleciendo así su carácter incluyente y representativo.

La Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones inició su funcionamiento en enero de 2025, tras un proceso de convocatoria adelantado por el Grupo Interno de Trabajo (GIT) Colombia Nos Une, del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre los meses de agosto y diciembre de 2024. Cabe resaltar que este espacio de participación, indispensable para la convocatoria del Sistema Nacional de Migraciones, tardó trece años en consolidarse y entrar en operación.

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 25 de la Ley 2136 de 2021, el GIT Colombia Nos Une es el encargado de coordinar la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Si bien la norma no define de manera expresa los mecanismos de dicha coordinación, sí asigna al Ministerio de Relaciones Exteriores la responsabilidad de convocar actividades dirigidas a garantizar su funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos.

En este marco, y con el propósito de preparar la participación de la Mesa en la primera reunión del Sistema Nacional de Migraciones (SNM), el GIT Colombia Nos Une convocó dos Sesiones Generales y nueve Sesiones Regionales de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Estos espacios permitieron a las y los delegados recoger, discutir y sistematizar insumos provenientes de sus respectivas poblaciones y territorios. Algunas de estas sesiones se desarrollaron de manera posterior a la reunión del SNM, por lo que los insumos recogidos podrán ser aportados por los(as) delegados(as) en próximas reuniones del Sistema

Lo anterior se realizó con el fin de dar cumplimiento a la función establecida en el literal B del artículo 22 de la Resolución 2996 de 2024, que dispone como responsabilidad de la Mesa: “Recibir, organizar, priorizar y consolidar las propuestas que los integrantes de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones presenten relacionadas con la Política Integral Migratoria”.

Adicionalmente, y como apoyo a esta labor de consolidación, el 23 de julio de 2025 el GIT Colombia Nos Une entregó a las y los delegados de la Mesa un consolidado de más de 250 insumos, recopilados a través de formularios digitales, los cuales constituyeron un insumo fundamental para la elaboración del presente informe.
 

Foto: Asistentes a la primera reunión del Sistema Nacional de Migraciones foto

Reuniones preparatorias

Una vez confirmada por la señora Ministra de Relaciones Exteriores la fecha de la primera sesión del Sistema Nacional de Migraciones, programada para el martes 9 de diciembre de 2025, el Grupo Interno de Trabajo (GIT) Colombia Nos Une, en el marco de sus funciones de coordinación y acompañamiento a la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, convocó a las delegadas voceras que participarían en dicha sesión. El propósito de estas reuniones fue explicar la metodología del espacio y brindar orientaciones para la preparación de las intervenciones, con el fin de optimizar el uso del tiempo y garantizar aportes claros y sustantivos.

La primera reunión preparatoria se realizó de manera virtual el jueves 6 de noviembre de 2025 y contó con la participación de las tres delegadas voceras de la Mesa: Yarima Merchán Rojas, de los colombianos en el exterior; Nathalie Esther Molina, de los colombianos retornados; y Dayruve Melean Morillo, de los migrantes regulares en Colombia. Asimismo, asistieron asesores del GIT de Política y Asuntos Migratorios, quienes para ese momento ejercían la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Migraciones y con quienes el GIT Colombia Nos Une venía articulando la definición de la metodología de la sesión.

Durante este encuentro se informó que, de acuerdo con la metodología general del Sistema, cada actor tendría inicialmente un tiempo de tres (3) minutos para intervenir. No obstante, se acordó de manera excepcional que cada una de las delegadas voceras de la Mesa contaría con cinco (5) minutos para presentar sus aportes. Igualmente, se explicó que la sesión del Sistema Nacional de Migraciones estaba concebida no como un espacio discursivo o de catarsis, sino como un escenario técnico, orientado a la exposición de problemáticas concretas y a la formulación de propuestas y recomendaciones de solución.

Posteriormente, se convocó una segunda reunión preparatoria para el jueves 4 de diciembre de 2025, con el objetivo de realizar un simulacro de las intervenciones, verificar el ajuste a los tiempos establecidos y resolver inquietudes adicionales. A esta segunda reunión asistió únicamente la delegada vocera de los migrantes regulares en Colombia, Dayruve Melean Morillo.

Intervenciones de las delegadas voceras en la primera reunión del Sistema Nacional de Migraciones

Yarima Merchán Rojas – Vocera de los (as) delegados (as) de los (as) colombianos (as) en el exterior

La delegada señaló la necesidad urgente de revisar y modificar la Ley 2136 de 2021, así como de fortalecer su implementación efectiva, junto con la del Sistema Nacional de Migraciones, mediante una asignación adecuada de recursos. Indicó que, en el estado actual, ni la Ley ni la Resolución expedida logran subsanar las problemáticas estructurales existentes, lo que limita la operatividad real de la Mesa y del Sistema.

En relación con el Sistema Nacional de Migraciones, enfatizó que se requieren compromisos claros y sostenidos por parte de todas las entidades que lo conforman. Recordó que históricamente los colombianos en el exterior han presentado documentos, propuestas e insumos, pero que su implementación ha dependido, en gran medida, de la voluntad política de los gobiernos de turno. Reconoció que, en el actual gobierno, se ha evidenciado una mayor apertura política frente a algunos mecanismos de participación, aunque aclaró que dicha voluntad no siempre se traduce en resultados concretos. Esta misma situación, afirmó, se reproduce en los consulados y embajadas, donde la voluntad política varía según el funcionario o la administración de turno.

La delegada insistió en que la revisión del marco normativo debe apuntar a “darle dientes” tanto a la Mesa como al Sistema, lo que implica compromisos institucionales vinculantes, mecanismos de seguimiento, mayor operatividad y la construcción de agendas de trabajo claras y consensuadas. Destacó que, en la colombianidad en el exterior, existe actualmente una alta disposición y voluntad política de múltiples actores para participar activamente en estos procesos.

Sin embargo, expresó que, tras un año de funcionamiento de la Mesa, persiste la percepción de que muchas decisiones, acciones y proyectos continúan definiéndose desde Bogotá. Aunque se invita y se informa a los delegados en el exterior, no se cuenta con una agenda de trabajo construida de manera conjunta. Subrayó que no es equivalente un proyecto diseñado desde el nivel central, por más bien intencionado que sea, a las visiones y necesidades de las personas migrantes que viven en los territorios de los cinco continentes.
Adicionalmente, manifestó preocupación porque muchas instituciones aún no reconocen a los migrantes como sujetos de derechos integrales. Señaló que en numerosas convocatorias institucionales ni siquiera existe una sección específica para colombianos en el exterior en las páginas web oficiales, lo que refuerza su exclusión. Esta situación se traduce, según indicó, en una exclusión de múltiples servicios públicos y en una percepción de discriminación hacia las comunidades migrantes. A ello se suma la falta de censos y procesos de caracterización actualizados, lo que dificulta la formulación de políticas públicas pertinentes.

La delegada también hizo énfasis en la necesidad de fortalecer el servicio consular y diplomático. Reconoció que se han realizado algunos cambios, pero señaló que estos parten de un sistema históricamente anticuado, protocolario, jerárquico y elitista. Indicó que, en muchos casos, los funcionarios consulares y diplomáticos no se asumen plenamente como servidores públicos, permanecen poco tiempo en los territorios, se ubican en zonas privilegiadas de los países de acogida y no logran comprometerse de manera profunda con las necesidades de la población migrante antes de ser trasladados.

Un aspecto crítico señalado fue la ausencia de protocolos institucionalizados, por ejemplo, para la atención de violencias basadas en género. Indicó que estos protocolos fueron prometidos desde el año anterior y aún no se han materializado. Aclaró que, si bien para los funcionarios los protocolos pueden entenderse como rutas internas de atención, para las comunidades migrantes deberían ser documentos públicos, claros y accesibles, que puedan ser consultados y aplicados ante situaciones de vulneración de derechos. La falta de estos protocolos, advirtió, deja la atención de las problemáticas en manos de la voluntad política del cónsul de turno, lo cual considera gravísimo.

En materia presupuestal, expresó inquietudes frente a la solicitud de mayores recursos sin que exista, paralelamente, una mayor transparencia en su ejecución. Solicitó claridad sobre la división y asignación de los presupuestos destinados a consulados y embajadas para el apoyo a programas migrantes, pues desde el exterior existe la percepción de que estos recursos se asignan de manera discrecional. Señaló que no se conoce con precisión cuánto presupuesto existe, cómo se distribuye, ni cuáles son los criterios u objetivos para fortalecer determinados países o territorios y no otros, pese a que existen múltiples contextos con problemáticas significativas.

Finalmente, reiteró la necesidad de que el Estado colombiano reconozca plenamente a los colombianos en el exterior como sujetos de derechos. Señaló el malestar existente frente al desequilibrio entre el aporte que representan las remesas y la limitada oferta de servicios para las comunidades migrantes. Insistió en que los consulados deben dejar de concebirse únicamente como oficinas de pasaportes, trámites y apostillas, y consolidarse como una verdadera extensión del Estado colombiano, incluso con la posibilidad de articular servicios de entidades como la Defensoría del Pueblo. También mencionó las dificultades que enfrentan los colombianos en el exterior en materia de capacitación y acceso a pensiones.

Concluyó manifestando satisfacción por la posibilidad de expresar estas preocupaciones en el marco del Sistema Nacional de Migraciones y expresó la expectativa de que este espacio permita realizar un seguimiento efectivo a los compromisos que se deriven, en articulación con los demás miembros del Sistema.

Intervención completa aquí:

Nathalie Esther Molina - Vocera de los (as) delegados (as) de los (as) colombianos (as) en el exterior

La delegada inició su intervención refiriéndose al marco legal del retorno, el cual se encuentra principalmente sustentado en la Ley 1565 de 2012, orientada a facilitar el regreso de los colombianos al país mediante procesos de acompañamiento para la reintegración social, económica y laboral. Esta norma contempla cinco tipos de retorno: voluntario, laboral, humanitario, solidario y productivo. Señaló que la Ley 2136 de 2021 introduce ajustes y actualizaciones a este marco, ampliando el enfoque del retorno dentro de una política migratoria integral.

A partir de este contexto normativo, indicó que la Mesa definió ejes temáticos de trabajo, sobre los cuales se identificaron problemáticas estructurales y se formularon recomendaciones orientadas a mejorar las políticas públicas dirigidas a la población retornada, especialmente en materia de reintegración socioeconómica.

En este sentido, advirtió que uno de los principales obstáculos para el diseño e implementación de políticas eficaces de reintegración es la desarticulación entre las entidades del orden nacional, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación Nacional, Prosperidad Social y el Ministerio de Vivienda. Esta falta de coordinación interinstitucional dificulta la atención integral de los colombianos retornados y limita el impacto de los programas existentes.

Como recomendación, propuso crear o fortalecer oficinas municipales de atención a migrantes y retornados, dotándolas de presupuestos propios y capacidades técnicas que permitan una atención territorial efectiva, articulada con las políticas nacionales.

La delegada también abordó los requisitos para que los colombianos en el exterior puedan acogerse a los beneficios del retorno, señalando que el principal instrumento es el Registro Único de Retorno (RUR). No obstante, manifestó preocupación por la invisibilización de la población retornada, evidenciada en la ausencia de un censo específico en el informe presentado por Migración Colombia durante la sesión, lo cual consideró una señal de alerta para la formulación de políticas públicas basadas en información actualizada y confiable.

Asimismo, mencionó situaciones particulares que enfrentan los retornados, como el caso de personas que regresan al país en edades en las que el acceso al empleo resulta especialmente complejo, entre otras barreras de inserción laboral y social.

Como propuesta central, planteó la necesidad de unificar y actualizar el Registro Único de Retorno conforme a la Ley 2136 de 2021, incorporando mejoras tecnológicas y una segmentación por perfiles de retorno. Señaló que el registro actual no contempla nuevas categorías de retorno que hoy son una realidad, tales como el retorno forzado, el retorno circular, el retorno tecnológico y el retorno emprendedor, lo que limita la comprensión integral de las dinámicas de retorno y la atención diferenciada.

En ese sentido, subrayó que es indispensable fortalecer la articulación institucional para que el retorno deje de concebirse únicamente como un trámite administrativo y se consolide como una política pública de reintegración, con enfoque de derechos y de ciclo de vida.

Finalmente, reiteró la importancia de actualizar el Registro Único de Retorno en coherencia con el marco de la Ley 2136, integrarlo plenamente al Sistema Nacional de Migraciones y garantizar que ningún colombiano que regrese al país sea tratado como un extraño en su propia tierra, sino como un sujeto de derechos que requiere acompañamiento efectivo para su reintegración.

Intervención completa aquí:

Dayruve Melean Morillo - Vocera de los (as) delegados (as) de los (as) migrantes regulares en Colombia

La delegada presentó un conjunto de propuestas con enfoque técnico y de derechos humanos, orientadas a garantizar la integración, la regularización y la protección efectiva de la población migrante en Colombia. Señaló que una de las principales prioridades es avanzar de manera decidida en los procesos de regularización migratoria y acceso efectivo a derechos, como condición fundamental para la inclusión social y económica.

En materia de regularización y atención integral, propuso la implementación de brigadas móviles integrales de atención jurídica y psicosocial en territorios con alta concentración de población migrante. Estas brigadas deberían articularse con organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional, con el propósito de ampliar la cobertura, optimizar recursos y garantizar una atención oportuna, digna y especializada.

Asimismo, planteó el impulso de una estrategia conjunta entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales para la reactivación, fortalecimiento y ampliación del alcance del Permiso de Protección Temporal (PPT), con el fin de garantizar su reconocimiento como documento válido en todo el territorio nacional. Esta estrategia debería asegurar el acceso efectivo de la población migrante a servicios de salud, educación, empleo, vivienda, servicios financieros, así como fortalecer los puntos focales de orientación y acompañamiento.

Como propuesta estructural, señaló la necesidad de diseñar e implementar una ruta nacional de regularización permanente, que no dependa de medidas excepcionales. Esta ruta debería incluir mecanismos de transición para personas en situación migratoria irregular, priorizando su acceso al empleo formal y estableciendo facilidades para quienes trabajan como independientes. También propuso el reconocimiento de cualificaciones y la certificación de competencias laborales, así como la flexibilización de los requisitos documentales. En este último aspecto, sugirió la adopción de mecanismos alternativos a la apostilla, como declaraciones juramentadas u otros documentos análogos, siempre que sean emitidos por instituciones reconocidas, especialmente para personas provenientes de países con ruptura institucional o con dificultades en la prestación de servicios consulares.

En relación con las barreras económicas y de acceso a trámites, propuso la implementación de tarifas diferenciales o subsidios para trámites como visados, procesos de regularización y convalidación de documentos notariales. Adicionalmente, planteó la creación de un fondo o esquema de tarifas sociales dirigido a migrantes en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de reducir los costos asociados a los trámites ante las diferentes entidades del Estado.

En el eje de empleo, protección laboral e inclusión económica, recomendó aplicar el enfoque del artículo 37 de la reforma laboral, que contempla medidas de protección laboral y garantías de igualdad y no discriminación por nacionalidad. Entre estas medidas se incluyen la prohibición de prácticas discriminatorias en los procesos de contratación, la garantía del principio de “igual trabajo, igual salario”, el acceso a la inspección laboral y a mecanismos de denuncia accesibles, así como la responsabilidad empresarial frente a la contratación de personas migrantes.

En cuanto a información, datos y planeación pública, propuso incorporar de manera obligatoria la información demográfica migratoria en la planeación territorial. En ese sentido, señaló que los planes de desarrollo, planes de acción y presupuestos territoriales deberían incluir metas e indicadores específicos relacionados con la población migrante. Asimismo, planteó la creación de un sistema interoperable de información migratoria, con altos niveles de desagregación y actualización permanente, que articule las bases de datos del DANE, los ministerios y las entidades territoriales, garantizando el respeto por los principios de protección de datos personales. Este sistema debería permitir la consulta pública de información actualizada y desagregada sobre los flujos y el stock migratorio, más allá de la información referida exclusivamente a la migración venezolana.

En el eje de gobernanza migratoria y participación, propuso fortalecer los comités migratorios territoriales, garantizando la representación directa y efectiva de las personas migrantes. Esto permitiría consolidar políticas públicas más pertinentes, inclusivas y ajustadas a la realidad de los territorios, así como promover la corresponsabilidad comunitaria y el fortalecimiento de la gobernanza participativa.

Finalmente, en relación con la visibilización e integración social, señaló la importancia de sistematizar evidencia mediante indicadores claros que permitan reconocer los aportes de la población migrante no solo en el ámbito económico, sino también en los ámbitos social, cultural y organizativo, contribuyendo así a su reconocimiento e integración en las comunidades de acogida.

Intervención completa aquí:

Las voceras del equipo de delegados de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, miembros del equipo del GIT Colombia Nos Une y algunos invitados de las voceras​

Foto: Las voceras del equipo de delegados de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, miembros del equipo del GIT Colombia Nos Une y algunos invitados de las voceras

Conclusiones

La realización de la primera sesión del Sistema Nacional de Migraciones constituyó un hito relevante en la implementación del marco normativo de la política migratoria colombiana, al activar un espacio de articulación interinstitucional y de participación de la sociedad civil que había permanecido inactivo desde su creación. Este encuentro permitió visibilizar, de manera estructurada, las propuestas, sugerencias y recomendaciones formuladas por los delegados y delegadas de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, como resultado de un proceso previo de diálogo, concertación y consolidación de insumos.

Como resultado de esta sesión, se prevé la elaboración de un documento oficial de sistematización, que servirá como herramienta para el seguimiento a las propuestas presentadas en el marco del Sistema Nacional de Migraciones. Este instrumento será fundamental para garantizar que los aportes realizados por la Mesa y por los demás actores del Sistema no se agoten en el espacio deliberativo, sino que se traduzcan en compromisos verificables y acciones concretas.

El Sistema Nacional de Migraciones, conformado por entidades del orden nacional como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia, los ministerios de Trabajo, Educación y Salud y Protección Social, el Ministerio Público —con la participación de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación—, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el representante a la Cámara por la circunscripción especial de los colombianos en el exterior, y la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, se consolida como un escenario plural en el que convergen visiones institucionales y sociales. En este sentido, es importante resaltar que no solo las vocerías de la Mesa presentaron propuestas en esta sesión, sino que cada uno de los actores que integran el Sistema aportó insumos desde su ámbito de competencia y responsabilidad.

Las intervenciones de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones pusieron de relieve problemáticas estructurales persistentes en la política migratoria, así como la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional, la asignación de recursos, los mecanismos de regularización, reintegración y protección de derechos, y la participación efectiva de las poblaciones migrantes, retornadas y de la colombianidad en el exterior. Estas propuestas evidencian el valor estratégico de la Mesa como espacio legítimo de representación y como interlocutor técnico frente al Estado.

No obstante, la sostenibilidad y efectividad del Sistema Nacional de Migraciones dependerán, en gran medida, de la definición clara de mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas. En este sentido, resulta prioritario avanzar en la construcción y adopción de un reglamento del Sistema Nacional de Migraciones, que establezca procedimientos, responsabilidades, tiempos y herramientas para el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Entre estos mecanismos, se destaca la posibilidad de conformar mesas técnicas interinstitucionales u otros espacios operativos que permitan profundizar en los temas abordados y garantizar continuidad entre las sesiones del Sistema.

Finalmente, este informe da cuenta de un proceso participativo que reafirma la importancia de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones como un actor clave en la formulación, seguimiento y evaluación de la Política Integral Migratoria. La primera sesión del Sistema Nacional de Migraciones no solo representa un punto de llegada, sino también un punto de partida para consolidar un modelo de gobernanza migratoria más incluyente, articulado y orientado a la garantía efectiva de los derechos de las personas migrantes, retornadas y de los colombianos en el exterior.